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La base aérea americana de Zaragoza veinticinco años después

La base aérea americana de Zaragoza veinticinco años después
Este año se cumple el 25 aniversario de la clausura de la base de las fuerzas aéreas  norteamericanas en Zaragoza, que puso fin a casi cuatro décadas de coexistencia con un contingente de más de 10.000 personas entre militares, trabajadores y familiares.
Para conocer las razones que llevaron a su establecimiento en tierras aragonesas debemos remontarnos a poco después de la II Guerra Mundial, cuando comienzan a surgir discrepancias entre los antiguos aliados,  EEUU  y la URSS,  que desembocarían en la ruptura de relaciones y en el dilatado periodo de enfrentamiento conocido como la “guerra fría”. La España franquista, que había permanecido en una situación de aislamiento internacional por su apoyo a las fuerzas del eje, aprovechó la coyuntura para intentar lograr la integración en la comunidad internacional mediante el acercamiento a los EE.UU enarbolando la bandera del anticomunismo. Esta estrategia fructificaría en el denominado Pacto de Madrid, de 26 de Septiembre de 1953, que, a cambio de cooperación económica y asistencia técnica, permitió a los norteamericanos la instalación en territorio español de tres bases aéreas, una de ellas la de Zaragoza,  y una aeronaval.
En dicho acuerdo también se incluirían, supuestamente, una serie de cláusulas secretas, que según el historiador y diplomático Ángel Viñals (http://ucm.academia.edu/AngelVi%C3%B1asMartin/CurriculumVitae) , autor de “Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos”, supondrían  la quiebra del principio de territorialidad del Derecho público español por el que “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español” (art 8 C.C.), y que el citado autor califica como unaderogación del sistema jurídico español”, pues se procedía a lacreación de todo un régimen penal y procesal de excepción, de tipo privilegiado y secreto. En suma, una quiebra de la soberanía española y una fuente de perjuicios para particulares”. Posteriormente, con la finalidad de “dar cumplimiento a las normas jurisdiccionales que en materia criminal establece el correspondiente acuerdo”, se promulgaría el Decreto Ley de 23 de diciembre de 1954, que creaba la denominada Comisión Mixta de Competencias, encargada de proveer a la resolución de las cuestiones de jurisdicción, competencia y atribuciones que pudieran suscitarse en los procedimientos criminales dentro del territorio nacional cuando alguno de los presuntos responsables fuere miembro de las fuerzas de Estados Unidos. En definitiva, el principio de  territorialidad de las leyes penales sería abandonado, correspondiendo a los tribunales militares de Estados Unidos y autoridades de dicho país “el derecho de ejercer en territorio bajo jurisdicción española la jurisdicción criminal con relación a todas las faltas y delitos que puedan cometerse por miembros de las fuerzas de Estados Unidos”. Los tribunales españoles tan solo ejercerían su jurisdicción en aquellos casos en que se tratara de infracciones penales no previstas en las leyes norteamericanas o cuando los tribunales de este país renunciaran a ejercer la suya.
Por lo que respecta al objeto del Derecho internacional privado -las relaciones privadas heterogéneas-  el periodo de coexistencia con la base norteamericana fue especialmente  fructífero.  Aunque su construcción fue ejecutada por empresas de aquel país, se confió principalmente en la mano de obra local para erigir los 13 hangares, las 2 pistas de aterrizaje en paralelo o los 156 chalets,  además de todo tipo de servicios (campo de golf, bolera, cafetería, cine, gimnasio, capilla, colegio,  tiendas de todo tipo…), comprendidos en los 23 kilómetros cuadrados del complejo. Fuera de él se construyeron viviendas unifamiliares, principalmente en el Portazgo de San Lamberto, que pasó a ser conocido como “el poblado americano”. También fueron numerosos los locales que proliferaron orientados al público norteamericano como salas de fiestas, discotecas o boleras.
En materia civil, según Ángel Viñals, el personal norteamericano gozaría de inmunidad de jurisdicción por los actos u omisiones originados por el cumplimiento de sus deberes oficiales, mientras que para la responsabilidad civil derivada de una acción u omisión punibles imputable a un miembro de la fuerzas de Estados Unidos los perjudicados podrían optar por acudir a los tribunales españoles o a las autoridades norteamericanas.
Una base con unas instalaciones tan completas hacía innecesario a buena parte del personal tener que acudir a la ciudad y no fue infrecuente que muchos militares pasaran años de servicio sin traspasar sus puertas, pero también se dieron numerosos matrimonios mixtos, principalmente entre militares estadounidenses y trabajadoras zaragozanas,  que tras la clausura de la base acompañarían a éstos a países como Alemania, Italia o los Estados Unidos, aunque en muchos casos volverían a Zaragoza para establecer su residencia definitiva.
Pese a estas bonitas historias de amor,  la relación de la base con Zaragoza no fue todo lo idílica que inicialmente podía presagiarse. Tras un primer momento en que su llegada fue interpretada positivamente,  tanto por los nuevos aires de libertad en una España aislada, como por la inyección económica que llevó aparejada, surgieron numerosas voces críticas, que arreciaron con la llegada de la democracia, contra lo que consideraban parte de una política  imperialista, además de por los riesgos que conllevaba convertirse en objetivo en caso de un hipotético ataque nuclear soviético y por el probable almacenamiento o tránsito de armas nucleares. Esta presión para lograr su desmantelamiento se materializaría en un total de 7 “marchas a la base”,  que culminarían en 1992 con la decisión de EE.UU de retirarse definitivamente de Zaragoza.
Entre otros aspectos negativos de la “experiencia americana” se encontraría el contrabando de todo tipo de productos, muchos de ellos  inaccesibles en la España de aquella época, y que en la base eran vendidos a precios muy por debajo del mercado y especialmente ese régimen penal y procesal de excepción de tipo privilegiado, ya comentado, que provocó que de los casi 4.500 casos de americanos implicados en delitos y faltas, apenas un 1% acabaran resolviéndose en la Justicia española. Recientemente la Policía Nacional ha vuelto a reabrir el homicidio de Eva María Aznárez, cometido cinco meses antes del cierre de la base, y que se cree relacionado con el de Mercedes Lázaro Sanmiguel cometido un mes antes en circunstancias similares. A pesar de que todas las pesquisas apuntaban a un militar norteamericano, el caso quedó enterrado por la nula colaboración de las autoridades de aquel país. 

Nota Millennium:
 Los Estados Unidos firmaron  en Londres, el 19 de junio de 1951, la Convención relativa al estado de las fuerzas de cada país de la OTAN estacionadas en territorio de los demás ( http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17265.htm ). A diferencia del acuerdo alcanzado con las autoridades españolas,  en ésta se indica que la fuerzas establecidas en otro país de la Alianza también estaban sometidas a la jurisdicción del país receptor, estableciendose como regla general que sería éste quien la ejerciera. (Artículo  VII. 3).
Article VII
3. In case where the right to exercise jurisdiction is concurrent the following rules shall apply:
  1. The military authorities of the sending State shall have the primary right to exercise jurisdiction over a member of a force or of a civilian component in relation to
    1. offences solely against the property or security of that State, or offences solely against the person or property of another member of the force or civilian component of that State or of a dependent;
    2. offences arising out of any act or omission done in the performance of official duty.
  2. In the case of any other offence the authorities of the receiving State shall have the primary right to exercise jurisdiction.
  3. If the State having the primary right decides not to exercise jurisdiction, it shall notify the authorities of the other State as soon as practicable. The authorities of the State having the primary right shall give sympathetic consideration to a request from the authorities of the other State for a waiver of its right in cases where that other state considers such waiver to be of particular importance.
 
Por Javier Gómez Herrero
Marketing & Comunicación Millennium DIPr. Premio Peón 2014 (Rey Ardid)

Fuentes:
http://elpais.com/diario/1981/04/05/espana/355269602_850215.html
http://www.heraldo.es/especiales/base-americana-zaragoza/
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