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Evolución de la CJI en acciones relativas a la violación de la reputación digital de personas jdcas

Evolución de la CJI en acciones relativas a la violación de la reputación digital de personas jdcas

Evolución de la competencia judicial internacional en acciones relativas a la violación de la reputación digital de personas jurídicas. Del caso Shevill (1995) al caso Svensk Handel AB (2017).

 

Comenzaremos el presente trabajo haciendo nuestra la fina y acertada ironía del Abogado General, el Sr. Michal Bobek, en el inicio de sus Conclusiones remitidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de julio de 2017 en el asunto que enfrentó a una entidad mercantil radicada en Estonia con una federación de empresarios sueca, en la que afirma que estamos en la era de la “inevitable de la valentía anónima en Internet, universalmente conocida por su elegante estilo, comprensión sutil y moderación” (Asunto C-194/16).

En efecto, la tremenda y rápida evolución del medio digital y el número de intervinientes, en consonancia con la falta de control del soporte en el que se publican todo tipo de informaciones relativas a cualquier persona (física o jurídica), ha provocado que diariamente nos encontremos frente a miles publicaciones carentes de estilo y moderación que siendo anónimas o no, originan importantes daños a la reputación de éstas en un mundo globalizado en el que nadie está a salvo.

Ello, inevitablemente, ha generado un aumento de los procedimientos judiciales que buscan la tutela judicial efectiva para detener o resarcir dichos daños derivados de los ataques a la reputación que tanto cuesta conseguir y, concretamente en el plano internacional, ha provocado una necesaria evolución de la jurisprudencia en la que, de manera natural, la excepción ha pasado a ser la regla.

Recordemos que la normal general relativa a la competencia judicial internacional en materia delictual o cuasidelictual establece en su artículo 4, apartado 1 del Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; que el demandado estará sometido a la competencia del Estado miembro del lugar de su domicilio; no obstante, en el artículo 7 encontramos una norma de competencia especial que, a elección del demandante, nos permite apartarnos de dicha norma general a que acabamos de hacer referencia. En efecto este artículo permite que una persona domiciliada en un Estado miembro, pueda ser demandada en otro, concretamente ante “el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”.

Ahora bien, esta posibilidad de foros que se abre ante el demandante tiene ciertas aristas que han de ser examinadas y que han variado el alcance de la jurisprudencia a lo largo de los años. Ha influido en ello, como no podía ser de otra forma, el propio desarrollo de la era digital a que hacíamos referencia al comienzo de nuestro trabajo  puesto que “el lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” es diferente si hablamos de una difamación en prensa escrita o si de esta ha sido realizada en Internet.

En efecto, una difamación en Internet es susceptible, por su inmediata accesibilidad, de producir daños en todo el mundo en cuestión de segundos y ello haría que, en virtud del artículo 7 y solo en la Unión Europea, nos encontrásemos de repente con una multiplicidad de foros, veintiocho para ser exactos en la Unión Europea.

Dicho artículo y sus posibilidades cobrarían sentido ante un escenario en el que la difamación se ha realizado por medio escrito y de hecho así es en el caso Shevill que da nombre a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 1995 que versa sobre una difamación en prensa difundida por varios Estados miembros (Sentencia de 7 de marzo de 1995, Asunto C-68/93). El Tribunal dictaminó que el demandante podía optar por ejercer sus derechos bien donde se originó el hecho dañoso (país de establecimiento del editor) o bien en cada uno de esos Estados miembros donde el mismo se distribuyó y donde la víctima alegue haber sufrido un ataque en su reputación. A la teoría que contenía dicha posibilidad en relación a esta multiplicidad de competencia, se le denominó “teoría del mosaico” y adelantándonos a las conclusiones del presente, ha quedado totalmente obsoleta por la llegada del mundo globalizado e Internet en la que el contenido volcado la red es accesible desde todos los puntos del planeta de manera instantánea.

Extender Shevill al ámbito de Internet supondría reconocer simultáneamente la competencia de un gran número de jurisdicciones, hecho que casa difícilmente con el objetivo convertido en principio incluido en el considerando 15 del Reglamento 1215/2012 que busca la previsibilidad de las normas de competencia en aras de evitar que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente.

La evolución jurisprudencial llegó con la sentencia eDate de fecha 25 de octubre de 2011 en el que el Tribunal confirmó por primera vez la aplicabilidad de este criterio especial de competencia (artículo 7) a las demandas por vulneración de los derechos de la personalidad como consecuencia de información publicada en Internet pero incluyendo un nuevo criterio: ahora la acción también podría ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales del lugar en el que una persona tuviera su centro de intereses (Sentencia de Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 25 de Octubre de 2011, Asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10).

Por tanto, a modo de resumen y haciendo un mix de las sentencias Shevill y eDate se podría concluir que, en caso de que se atacase la reputación de una persona (hablamos de personas físicas por el momento), el demandante podría elegir entre cuatro tipos de foros siendo tres de ellos plenos (posibilidad de reclamar todos los daños y perjuicios ocasionados) y uno parcial (posibilidad de reclamar solo los daños soportados en el territorio de ese Estado)[1]. Los foros plenos incluyen un foro general (el relativo al artículo 4 del domicilio del demandado) y dos foros especiales (el del lugar donde se originó el hecho dañoso que coincidirá normalmente con el foro general y el del lugar donde el demandante tiene su centro de intereses). Además, como mencionamos anteriormente, es posible que el resto de Estados miembros pudieren ser considerados foros parciales en tanto en cuanto desde todos ellos se puede acceder a la publicación que contiene el supuesto ataque a la reputación.

Debemos recordar llegados a este punto que la sentencia Shevill tenía como protagonista una difamación en prensa escrita y no digital; y también debemos señalar que la sentencia eDate por su parte se refería al ataque a la reputación, este vez sí digital, pero de una persona física y no jurídica, lo cual hizo al Tribunal Riigikohus (Tribunal Supremo de Estonia) en el asunto C-194/16 (17 de Octubre de 2017) preguntarse si las conclusiones respecto a la competencia territorial expuestas en el párrafo anterior eran también aplicables en la contienda judicial que enfrentaba a la mercantil Bolagsupply OU y la Sra. Ilsjan versus la confederación de empresarios sueca Svensk Handel AB por la la supuesta difamación que estos últimos hacían en su web sobre los primeros al incluirlos en una lista negra por su mala praxis comercial.

Las circunstancias y novedades que se daban en este caso fueron tomadas como una gran oportunidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para avanzar y actualizar los criterios sobre competencia internacional establecidos en la sentencia Shevill y posteriormente extendidos por la sentencia eDate a los daños causados a la reputación de una persona física mediante información publicada en Internet -y de hecho lo hicieron- estableciendo lo que a continuación exponemos y que redactaremos a modo de conclusiones al respecto de la competencia judicial internacional en acciones relativas a la violación de la reputación digital de personas jurídicas.

En primer lugar, queda claro que la teoría del mosaico establecida por la sentencia Shevill no es compatible con demandas que tengan por objeto la rectificación, supresión y petición de indemnización por la totalidad del daño causado por una publicación en Internet que afecte a la reputación de una persona física o jurídica ya que, recordemos que la misma es un foro parcial que permitía acudir a tribunales de otro estado miembro sólo para conocer y enjuiciar al respecto de los daños causados en dicho estado miembro. Era una solución ideal para situaciones en las que la difamación se realizaba vía copias impresas. Se avanza pues dejando atrás esta teoría y limitando la competencia judicial internacional sobre acciones delictuales o cuasidelictuales relacionadas con Internet a dos criterios de competencia especial: el relativo al lugar de origen del daño (coincidirá normalmente con el domicilio del demandado) o el lugar de materialización del daño (centro de intereses del demandante).

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haciendo gala de una lógica aplastante dejó claro que, a pesar de que en el asunto C-509/09 que dio lugar a la sentencia eDate el perjudicado en su reputación fue una persona física, no existe ninguna razón para pensar que las personas jurídicas no tienen los mismos derechos de la personalidad. Además de ello, el Tribunal fijó el centro de intereses del demandante en aquel lugar donde su reputación es mayor, siendo este el lugar donde ejerce la parte esencial de su actividad económica y no necesariamente donde tenga su domicilio social o fiscal como precisamente ocurre en el caso de autos.

Estas posibilidades en relación a la competencia territorial no tienen, aunque pudiera parecerlo, el objetivo de proteger al demandante al ofrecerle varias posibilidades en relación a la presentación de la oportuna demanda contra aquella persona física o jurídica que supuestamente haya atacado a su reputación digital, más bien tienen el objetivo de atribuir competencia al órgano jurisdiccional que tenga la más estrecha conexión con el daño causado para que así sea más fácil de estudiar, analizar e instruirse sobre el mismo al objeto de generar una sentencia lo más fundamentada y cercana a la realidad posible.

Por tanto, de la evolución jurisprudencial analizada queda claro que, con la llegada de Internet, hemos vuelto a las raíces de normas de competencia especial en materia delictual o cuasidelictual establecidas en el artículo 7 del Reglamento 1215/2012, limitando los foros al lugar donde se ha producido el daño causal y/o al lugar donde se haya producido el daño para desterrar finalmente, por su nula practicidad, la teoría del mosaico introducida por la sentencia Shevill.

Dichas normas de competencia especial se unen junto a la norma general del domicilio del demandado, abriendo un abanico de posibilidades al demandante que, como es lógico, normalmente optará por hacer uso de las primeras, para asegurarse de que se le atribuye la competencia de su asunto al órgano jurisdiccional cuya conexión sea más estrecha con el daño específico causado a su reputación digital, haciendo cierta la afirmación contenida al inicio del presente trabajo que afirmaba que, en relación la competencia judicial internacional en materia delictual o cuasidelictual, la excepción (norma especial) ha pasado de forma natural a ser la regla.

 

Por Víctor López

Director de LBO Abogados

 


[1] Los tres foros plenos en los que las personas físicas difamadas podrían reclamar todos los daños y perjuicios ocasionados por una supuesta violación de su reputación vienen dados por el foro general del artículo 4 (el domicilio del demandado) y dos que se extraen del criterio especial de competencia del artículo 7 y que las sentencias Shevill y eDate se encargaron de materializar (el lugar donde se produzca o pueda producirse el hecho dañoso y el centro de intereses de la persona difamada). El foro parcial, establecido en la sentencia Shevill (teoría del mosaico) correspondería a todo aquel estado miembro donde la persona difamada hubiere sufrido daños y es parcial porque, a diferencia de los otros tres, no se podría reclamar la totalidad de los daños causados en el resto de estados sino solo los producidos en ese.

 

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