Bitácora Millennium DIPr
REVISTA Nº 22
¡Abrimos número!
MERCEDEDS SOTO MOYA Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad de Granada)
El (nuevo) estatuto de familiar de español: una visión desde el Derecho Internacional Privado
El artículo examina el nuevo estatuto de familiar de español aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que crea una autorización específica de residencia para familiares de ciudadanos españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación. Se describe cómo el estatuto pretende sustituir el sistema híbrido previo —régimen comunitario y arraigo familiar— y se analiza su convivencia con otros regímenes jurídicos. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado se identifican problemas prácticos y doctrinales derivados de aplicar a nacionales españoles normas diseñadas para extranjeros, con ejemplos en materia de poligamia, reagrupación tras divorcio y adopciones internacionales. Finalmente, se discute la consonancia del nuevo régimen con la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en particular respecto de la discriminación inversa y la protección de la unidad familiar.
El (nuevo) estatuto de familiar de español: una visión desde el Derecho Internacional Privado
El artículo examina el nuevo estatuto de familiar de español aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que crea una autorización específica de residencia para familiares de ciudadanos españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación. Se describe cómo el estatuto pretende sustituir el sistema híbrido previo —régimen comunitario y arraigo familiar— y se analiza su convivencia con otros regímenes jurídicos. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado se identifican problemas prácticos y doctrinales derivados de aplicar a nacionales españoles normas diseñadas para extranjeros, con ejemplos en materia de poligamia, reagrupación tras divorcio y adopciones internacionales. Finalmente, se discute la consonancia del nuevo régimen con la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en particular respecto de la discriminación inversa y la protección de la unidad familiar.
JONATÁN CRUZ ÁNGELES* Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Universidad de Jaén)
Violencia contra la madre en casos de sustracción internacional de menores: la excepción del grave riesgo (indirecto) para activar la cooperación judicial a la luz del Reglamento Bruselas II ter
Este trabajo analiza la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter) en los supuestos de sustracción internacional de menores en los que concurren situaciones de violencia de género, centrando el análisis en una cuestión clave que diferencia este estudio de otros trabajos previos: la posibilidad de integrar la violencia sufrida por la madre como manifestación del “grave riesgo” para el menor, en la medida en que dicha violencia se proyecta indirectamente sobre su bienestar y su interés superior. A partir del examen del marco normativo internacional y europeo y de la jurisprudencia más relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de diversos tribunales nacionales, se pone de relieve las tensiones existentes entre el principio de restitución inmediata y la obligación de garantizar una protección efectiva frente a la violencia. Desde esta perspectiva, se propone una interpretación del Bruselas II ter que incorpore de forma expresa la perspectiva de género y el concepto de violencia indirecta, permitiendo valorar el daño que la violencia ejercida contra la madre ocasiona en el menor a efectos de la excepción del artículo 13.1.b del Convenio de La Haya de 1980. En este contexto, se subraya el papel central de la cooperación judicial y de las medidas provisionales con eficacia transfronteriza previstas en los artículos 27(3) y 27(5) del Reglamento como instrumentos decisivos para garantizar un retorno que sea no solo jurídicamente correcto, sino también materialmente seguro.
Violencia contra la madre en casos de sustracción internacional de menores: la excepción del grave riesgo (indirecto) para activar la cooperación judicial a la luz del Reglamento Bruselas II ter
Este trabajo analiza la aplicación del Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter) en los supuestos de sustracción internacional de menores en los que concurren situaciones de violencia de género, centrando el análisis en una cuestión clave que diferencia este estudio de otros trabajos previos: la posibilidad de integrar la violencia sufrida por la madre como manifestación del “grave riesgo” para el menor, en la medida en que dicha violencia se proyecta indirectamente sobre su bienestar y su interés superior. A partir del examen del marco normativo internacional y europeo y de la jurisprudencia más relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de diversos tribunales nacionales, se pone de relieve las tensiones existentes entre el principio de restitución inmediata y la obligación de garantizar una protección efectiva frente a la violencia. Desde esta perspectiva, se propone una interpretación del Bruselas II ter que incorpore de forma expresa la perspectiva de género y el concepto de violencia indirecta, permitiendo valorar el daño que la violencia ejercida contra la madre ocasiona en el menor a efectos de la excepción del artículo 13.1.b del Convenio de La Haya de 1980. En este contexto, se subraya el papel central de la cooperación judicial y de las medidas provisionales con eficacia transfronteriza previstas en los artículos 27(3) y 27(5) del Reglamento como instrumentos decisivos para garantizar un retorno que sea no solo jurídicamente correcto, sino también materialmente seguro.
CARMEN AZCÁRRAGA MONZONÍS Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universitat de València)
MASC y nuevo requisito de procedibilidad, también en conflictos transfronterizos (Parte II)
La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido en el sistema procesal español un requisito de procedibilidad en el orden civil vinculado al obligatorio recurso a los MASC con carácter previo a la vía judicial que también afecta a los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. En este estudio se analiza el impacto de esta novedad en esta clase de conflictos, cuya aplicación no estará exenta de ciertas dificultades por las peculiaridades propias de los asuntos vinculados con más de un país.
MASC y nuevo requisito de procedibilidad, también en conflictos transfronterizos (Parte II)
La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido en el sistema procesal español un requisito de procedibilidad en el orden civil vinculado al obligatorio recurso a los MASC con carácter previo a la vía judicial que también afecta a los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. En este estudio se analiza el impacto de esta novedad en esta clase de conflictos, cuya aplicación no estará exenta de ciertas dificultades por las peculiaridades propias de los asuntos vinculados con más de un país.
CARMEN AZCÁRRAGA MONZONÍS* Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universitat de València)
MASC y nuevo requisito de procedibilidad, también en conflictos transfronterizos (Parte I)
La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido en el sistema procesal español un requisito de procedibilidad en el orden civil vinculado al obligatorio recurso a los MASC con carácter previo a la vía judicial que también afecta a los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. En este estudio se analiza el impacto de esta novedad en esta clase de conflictos, cuya aplicación no estará exenta de ciertas dificultades por las peculiaridades propias de los asuntos vinculados con más de un país.
MASC y nuevo requisito de procedibilidad, también en conflictos transfronterizos (Parte I)
La Ley Orgánica 1/2025 ha introducido en el sistema procesal español un requisito de procedibilidad en el orden civil vinculado al obligatorio recurso a los MASC con carácter previo a la vía judicial que también afecta a los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos. En este estudio se analiza el impacto de esta novedad en esta clase de conflictos, cuya aplicación no estará exenta de ciertas dificultades por las peculiaridades propias de los asuntos vinculados con más de un país.
ARMANDO ALVARES-GARCIA JÚNIOR Profesor de Derecho Internacional (Universidad Internacional de La Rioja)
¿De quién es este menor? (Parte II)
Este artículo analiza la tensión estructural entre el modelo autonómico español y las obligaciones internacionales del Estado en la protección de menores migrantes no acompañados. A partir de una reconstrucción normativa, jurisprudencial y doctrinal, se examina cómo la fragmentación competencial generó hasta 2025 un sistema desigual e ineficaz, en el que la garantía del interés superior del menor dependía del territorio de llegada. El estudio toma como eje de análisis el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que introduce por primera vez un mecanismo estatal obligatorio de redistribución interterritorial, basado en criterios objetivos, coordinación reforzada y financiación compensatoria. A lo largo de siete epígrafes, se evalúan sus implicaciones constitucionales, operativas y éticas, se comparan modelos europeos —como los de Italia, Francia, Alemania y los países nórdicos— y se formulan propuestas de reforma normativa. Entre estas destacan la planificación estructural, la participación del menor en el proceso, la trazabilidad institucional y una futura ley orgánica específica. Se concluye que el nuevo modelo representa un avance relevante, pero aún limitado, que requiere profundización jurídica y consenso político para garantizar una protección equitativa, sostenible y coherente con el derecho internacional de los derechos humanos
¿De quién es este menor? (Parte II)
Este artículo analiza la tensión estructural entre el modelo autonómico español y las obligaciones internacionales del Estado en la protección de menores migrantes no acompañados. A partir de una reconstrucción normativa, jurisprudencial y doctrinal, se examina cómo la fragmentación competencial generó hasta 2025 un sistema desigual e ineficaz, en el que la garantía del interés superior del menor dependía del territorio de llegada. El estudio toma como eje de análisis el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que introduce por primera vez un mecanismo estatal obligatorio de redistribución interterritorial, basado en criterios objetivos, coordinación reforzada y financiación compensatoria. A lo largo de siete epígrafes, se evalúan sus implicaciones constitucionales, operativas y éticas, se comparan modelos europeos —como los de Italia, Francia, Alemania y los países nórdicos— y se formulan propuestas de reforma normativa. Entre estas destacan la planificación estructural, la participación del menor en el proceso, la trazabilidad institucional y una futura ley orgánica específica. Se concluye que el nuevo modelo representa un avance relevante, pero aún limitado, que requiere profundización jurídica y consenso político para garantizar una protección equitativa, sostenible y coherente con el derecho internacional de los derechos humanos
ARMANDO ALVARES-GARCIA JÚNIOR Profesor de Derecho Internacional (Universidad Internacional de La Rioja)
¿De quién es este menor? (Parte I)
Este artículo analiza la tensión estructural entre el modelo autonómico español y las obligaciones internacionales del Estado en la protección de menores migrantes no acompañados. A partir de una reconstrucción normativa, jurisprudencial y doctrinal, se examina cómo la fragmentación competencial generó hasta 2025 un sistema desigual e ineficaz, en el que la garantía del interés superior del menor dependía del territorio de llegada. El estudio toma como eje de análisis el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que introduce por primera vez un mecanismo estatal obligatorio de redistribución interterritorial, basado en criterios objetivos, coordinación reforzada y financiación compensatoria. A lo largo de siete epígrafes, se evalúan sus implicaciones constitucionales, operativas y éticas, se comparan modelos europeos —como los de Italia, Francia, Alemania y los países nórdicos— y se formulan propuestas de reforma normativa. Entre estas destacan la planificación estructural, la participación del menor en el proceso, la trazabilidad institucional y una futura ley orgánica específica. Se concluye que el nuevo modelo representa un avance relevante, pero aún limitado, que requiere profundización jurídica y consenso político para garantizar una protección equitativa, sostenible y coherente con el derecho internacional de los derechos humanos
¿De quién es este menor? (Parte I)
Este artículo analiza la tensión estructural entre el modelo autonómico español y las obligaciones internacionales del Estado en la protección de menores migrantes no acompañados. A partir de una reconstrucción normativa, jurisprudencial y doctrinal, se examina cómo la fragmentación competencial generó hasta 2025 un sistema desigual e ineficaz, en el que la garantía del interés superior del menor dependía del territorio de llegada. El estudio toma como eje de análisis el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que introduce por primera vez un mecanismo estatal obligatorio de redistribución interterritorial, basado en criterios objetivos, coordinación reforzada y financiación compensatoria. A lo largo de siete epígrafes, se evalúan sus implicaciones constitucionales, operativas y éticas, se comparan modelos europeos —como los de Italia, Francia, Alemania y los países nórdicos— y se formulan propuestas de reforma normativa. Entre estas destacan la planificación estructural, la participación del menor en el proceso, la trazabilidad institucional y una futura ley orgánica específica. Se concluye que el nuevo modelo representa un avance relevante, pero aún limitado, que requiere profundización jurídica y consenso político para garantizar una protección equitativa, sostenible y coherente con el derecho internacional de los derechos humanos
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