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Novedades de Derecho Internacional Privado comentadas
 

N 12. Películas, nacionalidad y Derecho de la UE/ Movies, nationality, and EU law

Películas, nacionalidad y Derecho de la UE/ Movies, nationality, and EU law


Resumen: La atribución de la nacionalidad española a las películas cinematográficas tiene por objeto acceder a las ayudas concedidas al sector, que quedan sujetas a la normativa de la UE sobre libre prestación de servicios.

Abstract: The attribution of nationality to Spanish films seeks aid access to the industry, which are subject to EU rules on freedom to provide services.


La Sentencia del Juzgado central de lo contencioso administrativo de 14 de noviembre de 2012 analiza la función que cumple la nacionalidad en el caso de las películas cinematográficas. Podemos establecer como conclusión que existe una estrecha vinculación entre la atribución de la nacionalidad española y el acceso a las ayudas establecidas a la cinematografía: “la nacionalidad se encuentra vinculada al acceso al sistema de ayudas y medidas de fomento establecidas específicamente para las películas españolas, de modo proporcional a la participación del productor”.

Dicha sentencia distingue también entre el ejercicio de dos potestades por parte de la administración: la calificación de películas que “se configura como un presupuesto de la comercialización, difusión o publicidad de la obra cinematográfica, y tiene por objeto la inclusión de la misma en el grupo de edad del público al que va destinada”, y la concesión de la nacionalidad, vinculada, a una actividad administrativa de fomento de la cinematografía española, tendiendo dichas normas” a velar por la comprobación de la efectiva participación española en la obra, tanto en el aspecto económico, como en el creativo o artístico - personal de creación, técnico, artístico -, como en lo que se refiere incluso a los lugares de rodaje”

El caso enjuiciado analiza si puede concederse la nacionalidad española a una coproducción internacional en la que se produjo una modificación en la composición inicial del equipo de rodaje existente entre la solicitud provisional de la nacionalidad y la aportación definitiva de la documentación. El Tribunal entendió que no se produjo una modificación sustancial que determinara la pérdida de la nacionalidad y tuviera carácter relevante pues “podría llegar al resultado absurdo de denegar el certificado de nacionalidad, cuando el cambio de algunos de los autores de la obra lo haya sido incluso para incrementar la participación española en la producción”.


La materia se encuentra regulada, por la Ley 55/2007, del cine, así como el Real Decreto 2062/2008, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma. En cuanto a la concesión de la nacionalidad española, el artículo 4. a) de la ley entiende por película española “La que haya obtenido certificado de nacionalidad española, expedido conforme a lo que se dispone en el artículo 12.”, dicho precepto remite al artículo 5, que establece los requisitos para la obtención del certificado. El apartado segundo realiza una remisión para la calificación como españolas de las coproducciones que cumplan lo establecido en los convenios internacionales, siendo
“comunitarias” las películas que hayan obtenido un certificado de nacionalidad de un país de la UE.

El Reglamento atribuye la concesión de la nacionalidad al Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales u órgano autonómico competente en la materia, su capítulo VII regula el régimen de coproducción con empresas extranjeras. El mismo será de aplicación en defecto de norma convencional aplicable, las ayudas concedidas por la legislación española se atribuirán en la parte proporcional a la participación de la productora de dicha nacionalidad.

Nos encontramos ante una materia en la que inciden normas de Derecho de la UE. La STJUE de 4 de mayo de 1993 (asunto C-17/92), analizó la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre la consideración como medida restrictiva, proteccionista y discriminatoria, contraria a los artículos 30 a 36, 59 y 92 del antiguo TCE, del artículo único del RDLEG 1257/1986, que condicionaba la concesión de licencias de doblaje al español de películas extranjeras a la contratación de películas españolas para su distribución.

El Tribunal entendió que dicha medida tenía por objeto favorecer a los productores de películas españolas estableciéndose una restricción de carácter discriminatorio, sin que concurrieran las causas de exención previstas en el artículo 56 TCE. El mismo establecía como tales los motivos de orden público. La sentencia Bond van Adverteerders ( asunto C- 352/85), entendió que las medidas adoptadas sobre dicha base deben ser proporcionadas en relación con el objetivo perseguido.

A consecuencia de la misma, el TS dictó la sentencia de 3 de noviembre de 1993, que anulaba parcialmente el contenido del Real Decreto. La equiparación entre las obras de la Unión Europea y las españolas se realizó por el Real Decreto Ley 19/1993, cuya elaboración dio como resultado el cierre de las salas de cine en rechazo al sistema de licencias de doblaje y cuotas de pantalla establecido por la norma.

V. Noticia El país “Cierre total de cines contra el Gobierno y los productores” 21 diciembre 1993 



Álvaro Gimeno Ruiz
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza
Responsable de Marketing & Comunicación Millennium 

 (Marzo 2014)




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